La cantante deposita 6 millones de euros en el juzgado
Shakira enfrenta acusaciones de fraude fiscal
La cantante colombiana Shakira ha depositado en un juzgado los 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos contra la Hacienda española. Esta acción se llevó a cabo en un juzgado de instrucción de Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona (España), mientras la artista espera ser citada a declarar como investigada por esta segunda causa abierta.
Beneficios de la reparación del daño
La cantidad consignada por Shakira le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero supuestamente evadido. Esta atenuante fue la que propició el pacto que la artista alcanzó con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria española y el Gobierno regional de Cataluña para evitar la cárcel, a cambio de una multa millonaria, en su primer juicio por fraude fiscal en España.
Shakira acepta multa millonaria
Shakira aceptó cerca de 7,8 millones de euros de multa tras reconocer ante el tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con una pena de tres años de prisión por seis delitos contra el fisco que no tendrá que cumplir al acordar ese pago. Antes incluso de que la Fiscalía presentara su querella, Shakira ya había devuelto a Hacienda los 14,5 millones defraudados, lo que no impidió que el ministerio público siguiera adelante con las acciones penales.
Otro proceso que enfrenta Shakira
La cantante tiene otro proceso abierto en la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional española por un supuesto fraude fiscal cometido en 2011, por el que ya ha desembolsado unos 60 millones de euros mientras sigue a la espera de que se resuelva el recurso que presentó contra la liquidación tributaria.
Nuevas acusaciones contra Shakira
En la nueva querella que investiga el juzgado de Esplugues de Llobregat, la Fiscalía acusa a la cantante de defraudar 5,3 millones de la declaración de la renta de 2018, correspondientes a ingresos por su gira de ese año y por la cesión de sus derechos intelectuales, más otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los cerca de 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, sostiene la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó “declaraciones inveraces” del impuesto sobre la renta, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.